Haití es un ejemplo de Estado crónicamente frágil, que ha logrado evitar una completa desintegración administrativa. Los niveles de pobreza y de desarrollo humano figuran entre los peores del hemisferio occidental. El país tiene una economía primitiva y autárquica y es extremadamente vulnerable a los desastres naturales, agravados por la degradación del medio ambiente. Los únicos factores que tradicionalmente contribuyen al conflicto y la inestabilidad en otros países, pero están ausentes en Haití, son los conflictos étnicos y las amenazas externas a la soberanía.

En el pasado, Haití estuvo gobernado por intereses de familia, apoyados por el poder militar, y no en función de líneas ideológicas. Hay entre los haitianos escaso o ningún sentido de “nación” y, ciertamente, ningún consenso sobre cuál debe ser el papel del “gobierno” en la vida cotidiana. Hay poco entusiasmo público por el papel del Estado en la prestación de servicios públicos debido a que históricamente, éstos quedaron subvertidos y explotados por las elites políticas y económicas. Debido a la ausencia de instituciones públicas fiables, la supervivencia en Haití fue básicamente responsabilidad personal, en que cada uno defiende sus propios intereses.

En los últimos dos decenios, surgieron numerosas y diversas organizaciones de la sociedad civil (OSC) con firme apoyo de la comunidad internacional. Las OSC, originariamente instrumentos de asistencia humanitaria y supervivencia para los pobres y postergados, ahora están institucionalizadas como instrumentos de cambio. Las OSC actúan como fuerza política equilibrante y desempeñan en paralelo muchas funciones estatales, inclusive protección de los derechos humanos y provisión de servicios básicos, como abastecimiento de agua y alimentos, energía, educación y salud.

Hace 20 años, tras la caída de la dictadura Duvalier se aprobó rápidamente una sólida Constitución, que marcó el comienzo de programas de asistencia externa al país en gran escala. Pese a ese apoyo, Haití permaneció en constante crisis.

Afortunadamente, la comunidad internacional considera que Haití es un “copartícipe difícil pero no imposible”, y se ha comprometido a prestar ayuda a largo plazo. Este compromiso es importante en un país donde puede considerarse que mantener la situación reinante ya es “un éxito”, dado que compensa los costos de abandonar el esfuerzo. Actualmente, Haití cuenta con un Gobierno elegido democráticamente que disfruta de bastante apoyo público, y está respaldado firmemente por la comunidad internacional.

La cooperación es necesaria

Haití no puede combatir eficazmente la pobreza y emprender el sendero hacia el desarrollo sostenible, a menos que supere las principales debilidades de sus instituciones políticas y sociales. Para lograrlo, es preciso que los tres protagonistas principales, el Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional, avancen hacia formas mucho más estrictas de acción colectiva. Pero esto no es fácil. Hay un debate permanente entre quienes favorecen soluciones paralelas (como la creación de servicios públicos fuera del sistema político oficial, aun a riesgo de que se conviertan en permanentes), y quienes promueven las reformas institucionales dentro del sistema oficial.

Las soluciones paralelas condujeron a que algunos servicios se hayan establecido completamente fuera del ámbito del Estado. Un ejemplo: el Ministerio de Educación perdió básicamente el control de aspectos esenciales de calidad y acceso al sistema nacional de educación, pues más del 80% de las escuelas son ahora instituciones privadas.

Actualmente, dado que hay un Gobierno legítimo, se está tratando de reformar el Estado. Al mismo tiempo, la administración nacional reconoce que las OSC haitianas y las formas de desarrollo participatorio tienen importancia crucial a nivel local. Especialmente con respecto al eficaz manejo de cuestiones de seguridad y delincuencia, las OSC haitianas tienen un importante papel, pues documentan actividades delictivas y antisociales, inician medidas preventivas, mayormente comunitarias, y resuelven conflictos.

El reto es llegar a una complementariedad viable entre las OSC y la comunidad internacional. El enfoque actualmente adoptado en la Estrategia para Reducción de la Pobreza es involucrar tanto al Gobierno como a las OSC como aliados en pro de objetivos comunes. Esta estrategia trata de mejorar la capacidad del Gobierno, reconociendo al mismo tiempo la función social, la independencia y el papel político de las OSC.

Dentro de este enfoque, el objetivo de todos los programas de desarrollo de la capacidad debe ser fortalecer el potencial de quienes reciben formación para contribuir a la construcción de la democracia en el país. En consecuencia, los enfoques de la comunidad internacional para el desarrollo de la capacidad deben centrarse en fomentar la confianza y proporcionar instrumentos para crear consenso. Si se adopta para el proceso de desarrollo un enfoque de intervención o ejecución directas, se introducen factores de riesgo para la totalidad del proceso.